Derecho Penal

Riesgo penal para directivos de empresa

Codigo: BFdpe8983

$ 30.000 con/IVA AGOTADO

Autor: Juan María Rodríguez Estévez
Editorial B de f
ISBN: 978-9974-708-98-3
Primera edición, septiembre 2016
Formato: 16 x 23 cm.
326 páginas

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Atribución de responsabilidad penal


El libro, de edición argentina, es sugerente desde el título, pues calza con la tendencia actual del derecho penal de la empresa de centrar el análisis en los riesgos, más que en los resultados lesivos. Y no solo porque los criterios de imputación de responsabilidad penal se estructuren desde hace ya buen tiempo sobre la idea de la atribución de riesgos prohibidos, sino también por la obligación cada vez más extendida de implementar sistemas de prevención de riesgos al interior de las empresas (compliance).

La competencia por el riesgo se erige, de esta manera, en el principal referente del problema penal en el plano preventivo y reactivo. En cuanto a su contenido, la sola revisión del índice pone en evidencia el tratamiento exhaustivo de los múltiples problemas que la imputación penal a las personas individuales suscita en el marco de las estructuras empresariales, a saber: la delimitación de los ámbitos de responsabilidad, la determinación del nexo de causalidad, la relación de imputación objetiva, la imputación subjetiva (en especial, la culposa), los delitos especiales, la responsabilidad penal de los órganos fácticos, las conductas neutrales, la remisión del tipo penal a una regulación primaria, entre otros más.

Pero lo importante es que el análisis de todos estos problemas se hace desde una perspectiva unitaria que el propio autor anuncia desde el principio: una dogmática informada por una política criminal enfocada desde una perspectiva político-económica de la sociedad. Con base en esta perspectiva, pone de manifiesto desde el principio que el fenómeno expansivo del derecho penal que ha tomado cuerpo en el ámbito de los delitos empresariales tanto extensiva (más delitos) como intensivamente (mayores ámbitos de responsabilidad), no puede llevar a claudicar en la protección de la dignidad de la persona por medio de una aplicación racional y previsible del derecho. Lo anterior, claro está, sin negar la necesidad de adaptar los criterios de imputación de responsabilidad penal a las particularidades del actual sistema económico.(www.librotecnia.cl)





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